Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (fila anterior, centro-izquierda) y otros miembros de la ANC durante su toma de posesión.

Mientras que la nueva Asamblea Nacional Constituyente procede a asumir poderes legislativos y a restaurar la estabilidad tras meses de violencia encabezada por la oposición, funcionarios de los EE.UU. están elevando el tono de sus amenazas en contra de Venezuela, incluyendo la posibilidad de una intervención militar.

El 10 de agosto Trump declaró la posibilidad de una “opción militar,” y tres días después en Colombia el vicepresidente Pence advirtió: “El Presidente Trump ha dejado muy claro que los EE.UU. no permitirá que Venezuela caiga en una dictadura.”

Con esta “dictadura,” se refiere a la campaña rápida y decisiva por parte del Presidente Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, de movilizar a millones de personas a favor de una nueva constitución y un proceso radical para empujar la revolución bolivariana hacia adelante luego de meses de estanque.

Tras la elección el pasado 30 de julio de 545 miembros progresistas para la formación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, en un voto popular en el que participaron 8 millones de votantes, Maduro y las fuerzas revolucionaras han estado actuando decisivamente para romper el atolladero de 3 años generado por la Asamblea Nacional, encabezada por la derecha.

Funcionarios estadounidenses condenaron el proceso de la ANC como “dictatorial.”

Sin embargo, la Constitución de 1999, la primera constitución aprobada mediante un referendo en la historia de Venezuela, especifica con detalle la convocatoria de una Asamblea Constituyente. En el artículo 348:

“La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral.”

Un paso hacia adelante para la revolución

Después del Primero de Mayo, en vísperas de la elección del 30 de Julio, hubieron campañas a lo largo del país y 6,120 candidatos fueron nominados para la ANC. De esta cifra, 545 fueron elegidos para formar parte de la ANC.

Dos días después, Trump acusó a Maduro de “dictador” y sancionó a unos 20 líderes Venezolanos, incluyendo al presidente.

Los partidos de oposición boicotearon la elección de la ANC, rehusandose a postular candidatos, dejando al nuevo cuerpo legislativo casi por completo en manos de progresistas quienes apoyan a Maduro y a la revolución bolivariana: trabajadores, jóvenes, personas indígenas, y organizaciones de base.

La ANC posee amplios poderes, los cuales le permiten proponer enmiendas a la constitución, sujetas a un referendo, y de supervisar otras operaciones gubernamentales, incluyendo funciones legislativas.

El Viernes 18 de Agosto, la Asamblea Nacional (AN) nuevamente rechazó la invitación de la ANC a delegados de la AN para reunirse en una sesión conjunta de coordinación.

Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, aseguró que la AN no se ha disuelto, pero que debe trabajar conjuntamente con la ANC.

Pero con el rechazo por parte de la AN, la ANC emitió un decreto de “legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socieconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos.”

Diosdado Cabello, líder dentro del PSUV y delegado de la ANC dijo que en el 2015 el presidente de la AN Henry Ramos Allup alegó que “Maduro cae en 6 meses.” Cabello prosiguió: “[la Asamblea Nacional] no fue electa para dar un golpe de Estado, ellos fueron elegidos para legislar y brindarle a través de las leyes protección al pueblo venezolano.”

La ANC ha emprendido nuevas acciones en agosto.

Una Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública ha sido establecida por la ANC para asegurar justicia para las víctimas de la última ola de violencia terrorista librada en las calles que ha dejado a más de 125 muertos, amenazando la estabilidad del país. La comisión también anunció que aquellos que hubieran sido procesados bajo juicio militar debido a la intransigencia del antiguo Procurador General contrarrevolucionario ahora serán procesados en tribunales civiles.

La ANC también ha anunciado que las elecciones para gobernadores serán adelantadas de diciembre a octubre este año, acortando el plazo para darle menos tiempo a la oposición para sabotear el proceso electoral.

Se quiebra la oposición

Los partidos políticos de la contrarrevolución que constituyen la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se encuentran divididos en cuanto a qué postura tomar hacia las elecciones regionales, convocadas para octubre.

El partido de extrema derecha Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, anunció su separación de MUD esta semana, al igual que su intención de boicotear las elecciones y de realizar un llamamiento a la acción directa para derrocar al presidente Maduro.

Machado condenó a otras figuras de la oposición como Ramos Allup y a los partidos Cuentas Claras y Progreso por acceder a postular candidatos a gobernador.

El fundamento de la decisión de Maduro

Desde diciembre del 2015, con su victoria electoral, la AN dominada por la oposición ha intentado ejercer su poder legislativo para desmantelar leyes progresistas aprobadas durante los años de la presidencia del líder revolucionario Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, la crisis económica se ha profundizado debido a una inflación por las nubes y precios de petróleo deprimidos, sumado a una guerra económica librada por importadores monopolistas y corporaciones y gobierno estadounidenses. La crisis ha conducido a la escasez de alimentos y de otras necesidades básicas, y a un descontento generalizado. Esto es parte de lo que motivó la impactante victoria de la derecha en la AN.

Con la legislatura en desacato, con muchos de sus líderes apoyando una contrarrevolución abierta, el imperialismo de EE.UU. trabajó intensamente este año para montar varias sesiones plenarias de la OEA con el motivo de aislar a Venezuela. Estos intentos por parte de EE.UU. fracasaron por falta de una mayoría de dos tercios. Mientras tanto, los medios en EE.UU. han lanzado una cobertura ardiente, presentando a Venezuela como un Estado malogrado.

Para restaurar la gobernabilidad del país y para apaciguar la violencia, Maduro ejercitó el mecanismo constitucional de la Asamblea Constituyente.

En este momento crítico, algunos activistas de izquierda en los EE.UU. se han unido a la condena burgués del presidente Maduro y de la Asamblea Constituyente, advirtiendo de una “”pérdida de democracia” y el despliegue de una “dictadura.”

Esta capitulación ignora el hecho de que en este momento sólo hay dos opciones para Venezuela.

Revolución o contrarrevolución

Lo que enfrenta el país es por un lado la guerra económica y política continua por parte de la clase capitalista de Venezuela, fuertemente apoyada por el imperialismo estadounidense, la cual conduciría a una desestabilización irreversible y golpe de estado de derecha, y/o intervención militar estadounidense. Cualquiera de las dos conduciría al desmantelamiento de programas sociales vitales que han ayudado a millones de pobres en Venezuela, al igual que de las instituciones de poder popular que le han otorgado a los trabajadores y a la gente oprimida por primera vez una voz para decidir su propio futuro.

La otra opción para los revolucionarios venezolanos es luchar para acabar con el estanque que hasta ahora le ha permitido a la derecha crecer.

Cada acción por parte de la Asamblea Nacional de carácter contrarrevolucionario en sus 20 meses de existencia ha sido para desmantelar leyes progresistas, ya sea para intentar privatizar las grandes reservas de petróleo de Venezuela, o para intentar utilizar la trampa de otorgar derechos de “propietario de vivienda” a las 1.3 millones de casas construidas gratuitamente con la intención de destruir el carácter socialista del programa de viviendas bolivariano, o para intentar expulsar unos 13,000 médicos cubanos con fin de eliminar la atención médica gratuita de la que millones de venezolanos han disfrutado.

Estos serían apenas sus primeros pasos. Los conspiradores de derecha en la AN son los mismos que ayudaron a organizar el golpe de estado fascista del 2002 que derrocó de manera temporal al presidente Hugo Chávez. Lejos de defender los derechos democráticos de los venezolanos, tomaron acción en un plazo de horas para abolir el Parlamento y la constitución de 1999 y declararon ley marcial.

Fue sólo gracias a la movilización masiva del pueblo y la del ejército leal a Chávez que lucharon y fueron capaces de restaurarlo en el poder, lo que permitió la supervivencia de la revolución bolivariana.

El resultado de la lucha actual impactará a América Latina y más allá. Es más importante que nunca que toda la gente revolucionaria y progresista se solidarice con el presidente Maduro, con el PSUV y con la revolución bolivariana en contra del imperialismo y de reaccionarios domésticos.

En una movilización masiva de miles luego de las amenazas de Trump, Maduro afirmó desafiantemente: “A este pueblo mestizo no lo intimida ni lo derrota nadie. Este pueblo está decidido a enfrentar a los extremistas, supremacistas y racistas de los Estados Unidos; y derrotarlos con el coraje, valentía, y fuerza que nos hace ser orgullosos de ser venezolanos.”